Atacar con saña a los propietarios de inmuebles para alquilar, es un desafuero que nadie puede entender. Cuando el gobierno ataca a “grandes propietarios” de inmuebles de alquiler, se equivoca. Algunos pocos dueños de edificios para arrendar que fueron construidos en los años 50 y 60, que por infortunio de los controles no han podido salir de sus vetustas edificaciones, tienen no una propiedad que les produce una renta para vivir decorosamente, sino un serio problema que los perturba y los arruina. Ese propietario de edificio, hoy en desolado, para poder adquirirlo él o sus familiares, se privaron de disfrutar su dinero en viajes, carros, fiestas, celebraciones, joyas, pieles, acciones, etc., y prefirieron invertirlo en un bien inmobiliario que a futuro les garantizara una seguridad financiera en su vejez y un bien transferible a sus hijos.
Ocurre que por obra de las regulaciones de alquiler el canon de arrendamiento ha permanecido casi congelado en los últimos 50 años, salvo por algunos ligeros parpadeos, en que se ha podido subir la renta. La realidad es que la vivienda de alquiler es una morada de transición que tiene por finalidad ser el primer hogar de parejas jóvenes que luego crecen económicamente y pueden llegar a comprar su propio inmueble; sin embargo, por efecto de las regulaciones y de la dificultad para desalojar al inquilino, casi todas las viviendas alquiladas son asiento de familias que tienen 20, 30 y hasta 40 años viviendo alquiladas, pagando un canon equivalente a la quinta parte de lo que costaría arrendar un inmueble nuevo. Luego, se ha desnaturalizado su función y ni las parajes jóvenes, ni los estudiantes que tienen que ir a otras zonas del país, ni los profesionales recién graduados que se quieren independizar, ni los ejecutivos que tienen que trabajar en otras ciudades, tienen manera de rentar un inmueble, porque en Venezuela desde los años 60, no hubo más construcción de edificios ni de casas para alquilar.
Los dueños de estos edificios cobran un arrendamiento que ni siquiera permite mantener el inmueble. Así, los ascensores la fachada, los sistemas hidroneumáticos, las tuberías, los ductos de basura, etc., están en un estado de serio deterioro. Bueno, por si fuera poco, contra estos propietarios se lanza la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria. Lo que el gobierno parece que no calculó es que también muchos jubilados públicos y privados, invirtieron sus prestaciones en adquirir un inmueble para alquilar y tener un seguro para su vejez, pero también muchas familias en las barriadas pobres de Venezuela, construyeron un piso más en sus precarias viviendas para alquilar y poder devengar una renta adicional. El gobierno ha incluido en esta ley un artículo que prohíbe el cobro de alquiler de viviendas precarias, lo que presagia grandes disputas en los barrios entre inquilinos y arrendadores. Lo cierto es que por efecto de la susodicha ley, si usted con mucho sacrificio reunió la inicial para comprar una vivienda en planos y una vez construida solicitó un crédito bancario para pagarle la totalidad del costo al constructor, pero debe alquilarla para ayudarse a pagar la hipoteca, debe tener cuidado, pues no podrá sacar al inquilino; éste puede negarse a pagar y nadie puede desalojarlo. Así usted habrá perdido su vivienda por falta de pago, el banco no podrá ejecutar el desalojo; de manera que la casa no es suya, no es del banco, no es del inquilino pues el gobierno solo adjudica, en conclusión ¡la vivienda es de Chávez!
Por Miguel Méndez Rodulfo
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