Por Derechos Humanos

Así como constitucionalmente cuenta con mayor número de garantías para derechos humanos, Venezuela registra más violación de los mismos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los casos pasados a la Corte Interamericana de la misma materia (CorteIDH). Por infortunio, la política del socialismo, patria y muerte, la primera Institución nos incluyó en la "lista negra".

Pena ajena sentimos con los planteamientos del denominado Poder Moral contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y que suscribió y ratificó Venezuela.


No solo manifiestan agresión contra las organizaciones defensoras de esos derechos; también depotrican de la CIDH cuya visita al país está vedada y hasta amenazan con desincorporarse. Más aún, se niegan a cumplir decisiones de esa Comisión y de la CorteIDH.
Nos consideran el país más violento del mundo, cuya media es de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pues Venezuela según cifras oficiales, supera esas tasas. Estudio del Instituto Nacional de Estadísticas, presentado en mayo 2010 revela que los homicidios se dan 75 por cada 100 mil habitantes. El Ministro de Interior y Justicia desconoce esa investigación al afirmar que son 48 homicidios, aunque reconoce que “es una tasa muy alta”.
La CIDH reitera preocupación por abusos policiales que en la última década causó muerte de 8 mil personas, según el Ministerio Público. Este Despacho anunció revisión del ajusticiamiento en 2003 por policías de Falcón, de Jimmy Guerrero y su tío Ramón Molina. Como imputado citó al alcalde de Coro, Oswaldo Rodríguez León, quien para entonces comandaba esa Policía. Y no es el único caso en el cual está involucrado (Sebastiana Barraez, Quinto Día, 27.05.01).
–Tampoco extraña la política oficial: absueltos judicialmente y condecorados como héroes de la patria resultaron franco tiradores del Puente Llaguno del abril 2002; el agente del DIM Richard Varela condenado por la masacre de estudiantes en el Barrio petareño Kennedy, fue nombrado defensor público; el piloto militar Roger Cordero Lara imputado de autor material del asesinato de 24 ciudadanos en la Masacre de Cantaura, es diputado del PSUV.
Mientras en la CorteIDH se ventilaba el asesinato paulatino desde 1998 por policías de Aragua, de seis miembros de la familia Barrios; el pasado 28 de mayo ultimaron al séptimo: Juan José Barrios.
De nuevo milicianos arremetieron contra derechos humanos al agredir en el Ministerio Público a viuda e hija del productor Franklin Brito, recluido forzadamente en el Hospital Militar, donde murió en huelga de hambre.
Agréguese a los oprobiosos hechos la muerte por torturas de tres ciudadanos en retén de la policía criminalística de Caracas. Al fin hubo reacción presidencial: "tiene que acabarse eso de estar golpeando, torturando a un prisionero. Investiguen a fondo, hay que limpiar los cuerpos policiales".
Al 2010 se sindica de retroceso en las garantías comentadas. Que 2011 sea el año de los Derechos Humanos, tal lo proclamó Provea.

Por ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ