¿Tiene vigencia la lucha armada? ¿Un gobierno que llega al poder por la vía democrática necesita el apoyo de grupos armados?

¿Un gobierno que llega al poder por la vía democrática necesita el apoyo de grupos armados? Aunque parezca insólita la pregunta, la respuesta lo es aún más: este gobierno sí. Además de promoverlos abiertamente en defensa de la “revolución”, los financia y protege al margen de la ley. Sin embargo, al mismo tiempo, ante la comunidad internacional, pide al ELN y a las FARC que abandonen la lucha armada, advirtiendo el anacronismo de los métodos políticos, amén de la ilegalidad e ilegitimidad que hoy representan. 

En suelo patrio, además del fomento de milicias urbanas (alejadas, por cierto, de toda sensatez o teoría política), y para asombro de muchos, apertrechadas con armas provenientes del propio Ejército venezolano, el gobierno cuenta con una organización armada que se hace llamar “Fuerzas Bolivarianas de Liberación”. Sin que nadie sepa claramente el objeto de su creación. ¿Para liberarnos de qué?, ¿de la corrupción?, ¿la ineficiencia? 

Esta espeluznante realidad devela la precaria concepción del gobierno sobre la disidencia política. Un errado menosprecio hacia la oposición, que en cualquier otra parte significaría una crítica indispensable y un relevo importante de la vida en democracia. La posibilidad de expresar disenso al interior de una sociedad diferencia las democracias de los autoritarismos, estos últimos acostumbrados a usar la coacción para lograr la obediencia. Giovanni Sartori, en su libro ¿Qué es la democracia?, afirma que la oposición es un órgano de soberanía popular tan vital como el gobierno y que cancelarla es cancelar al pueblo mismo. 

La lista de Tascón ilustra, a la criolla, nuestro propio Auswitch. ¿Cuántos ciudadanos padecieron los horrores de un particular holocausto por tan sólo solicitar con su firma la aprobación de un referéndum? A quienes firmaron, se les negó la posibilidad de empleo público; quedaron impedidos de solicitar o recibir ayuda gubernamental; moralmente se les cuestionó el derecho de beneficiarse de cualquier política, a pesar del origen público de los recursos. Y en ocasiones, pagaron con la vida, haberse declarado opositor. El gobierno ha demostrado, sea contra el ciudadano común o contra el dirigente connotado, una política sectaria, excluyente y fascista; procurando, no el convencimiento del adversario a través de las ideas, sino su postración con el chantaje y la coacción del poder. 

La lucha armada equipara al opositor como un enemigo despojado de todo derecho. Hasta la propia existencia queda en vilo por sólo pensar distinto y tener “intereses antagónicos”. Nadie refuta los elementos de clase en la confrontación política, pero auspiciar una guerra civil hoy en nombre de la lucha de clases raya en la ignorancia más crasa. La historia nos ha ofrecido formas civilizadas y más efectivas para resolver los conflictos sociales. La política democrática, la que abraza la mayoría de los países en el mundo, sirve de fundamento para el reconocimiento recíproco de los miembros de la sociedad y homologa a las personas en sus posibilidades de comunicación política e incluso de establecimiento de nuevos ordenes sociales. Sin duda, la vía más plausible, más humana y menos traumática.

El debate político obliga en la actualidad a garantizar el derecho a ejercer oposición ante el poder del Estado y a objetar la lucha armada como medio para superar los conflictos sociales. 

Franklin Piccone Sanabria

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