Tiempos de pillaje

Escrito por Trino Márquez

Llamar expropiaciones o confiscaciones –conceptos que aparecen en los artículos 115 y 116 de la Constitución- a los ataques contra la propiedad privada que el régimen ha perpetrado desde el triunfo de la alternativa democrática el 26-S, es un eufemismo que no muestra en su verdadera dimensión la política de tierra arrasada que el Gobierno nacional está aplicando contra la libre iniciativa. El verdadero nombre de esa embestida es pillaje, asalto o robo puro y simple.

El artículo 115 señala que las expropiaciones procederán “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización”. El 116 dice que “por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.

Con Agroisleña, SIDETUR, Owens Illinois y el Sambil de la Candelaria, ninguna de esas condiciones establecidas en la Carta Magna se cumplieron. Con esas firmas -además de que operaban eficazmente, pagaban sus impuestos y mantenían excelentes contratos colectivos con sus trabajadores- no se cumplió el debido proceso, ni existió ninguna sentencia firme que respaldara la decisión de someterlas al control del Presidente de la República. Esas empresas -que el Gobierno haya informado- no cometieron ninguna clase de delito contra el patrimonio público, ni sus dueños se enriquecieron al amparo del Poder Público, ni sus bienes provinieron de actividades vinculadas con el narcotráfico. La decisión de capturarlas y colocarlas bajo la férula del Ejecutivo obedece estrictamente a razones políticas e ideológicas. Lo que la claque en el poder busca es acabar con la propiedad privada de importantes medios de producción con el fin de acrecentar el poder de un Estado, que ya de suyo posee la inmensa potencia que le proporciona el monopolio de la industria petrolera. Nada nuevo en esta “tropicalización” de Marx por estos neomarxistas.

A las urbanizadoras “expropiadas” -en el caso de que se les hubiese comprobado algunos de los delitos económicos de los que habla el artículo 114 de la Constitución- se les pudo haber aplicado una multa o sanción fuerte, que alertara y disuadiera a otras empresas que estuviesen incurriendo en esa clase de ilícitos. Pero al régimen no le gusta la seriedad, prefiere el histrionismo y las bufonadas que intimidan.

El saqueo de los bienes y del patrimonio colectivo es intrínseco al comunismo. Desde la época de Lenin y Stalin esta forma de colectivismo ha echado mano de la riqueza de los otros. En Rusia, Stalin despojó a los empresarios industriales y agrícolas de los activos que habían acumulado a lo largo de décadas de desarrollo capitalista. Lo mismo hicieron los demás dictadores comunistas. Incapaces de crear riqueza, lo que hacen es apropiarse de lo existente para someterlo al dominio de una casta burocrática ignorante, insensible, arrogante y desconectada por completo de los procesos productivos reales. Por eso es que todo lo que toca esa burocracia inepta queda convertido en escombros. Las empresas de Guayana, especialmente SIDOR, representan un ejemplo de lo que es la actividad económica manejada por los comunistas. La Constructora Nacional de Válvulas (CNV) no ha producido ni un émbolo desde que el gobierno revolucionario la tomó. Mejor no hablemos del Metro, Planta Centro, Pudreval, BusCaracas y Metrocable.

Con la política del pillaje quienes salen más perjudicados son los trabajadores. Allí están los testimonios de los empleados de la Owens quienes se resisten a correr la misma suerte de los de Guayana. 

Recordemos a Franklin Brito, mártir que combatió al comunismo, más por dignidad y principios personales que por convicciones teóricas. Brito se negó a que le ocurriese lo mismo que les está pasando a los antiguos propietarios de las joyerías del edificio La Francia, quienes fueron despojados de sus haberes sin luchar, pensando que el Gobierno retrocedería. Los comunistas solo entienden el lenguaje de la fuerza y la resistencia. 

Ante la radicalización del jefe del Estado hay que crear un frente nacional de defensa de los derechos de propiedad.

@tmarquezc