Si esto no es terrorismo, ¿qué es?

Una décima parte de los hechos cada vez más aterradores en los que aparece visiblemente involucrado el régimen chavista dentro y fuera del país, habrían hecho caer hace tiempo a cualquier Gobierno del mundo democrático. En Venezuela Chávez aspira a quedarse en Miraflores hasta el 2021, controla todos los poderes públicos y, ante la merma del apoyo popular, algunos generales a su servicio (y no al servicio del país) nos amenazan con dar un golpe si su jefe pierde las elecciones de 2012, mientras la AN y los tribunales ejercen un terrorismo legislativo y judicial contrario a las normas democráticas.

La semana ha sido pródiga en noticias que relacionan al gobierno de Chávez con grupos y prácticas perseguidas por la Justicia y los organismos internacionales. La decisión oficial de la AN de no investigar las denuncias del presunto narcotraficante Makled que vinculan a prominentes figuras militares y civiles del régimen, habla ya del silencio que cubrirá el proceso. No se trata de aceptar de antemano las acusaciones de Makled, sino de que los tribunales y la Fiscalía se pregunten por qué si sus andanzas fueron denunciadas tres años antes por la Conacuid (Comisión antidrogas) a Makled se le otorgó el control por 20 años del puerto de Puerto Cabello, de varios aeropuertos, de una línea aérea y, además, la petroquímica le vendió numerosos lotes de urea, insumo para la fabricación de cocaína. Chávez temía tanto que Makled mostrase las pruebas que dice tener contra militares y civiles de alto rango que, para lograr su extradición, prefirió pagar la factura política del enojo de la izquierda internacional y de sus aliados de las FARC y le entregó a Colombia al destacado faraco Pérez Becerra. La negativa a ventilar el caso Makled prueba el miedo oficial a que se comprueben verdades tan corrosivas para el régimen. La estrategia del Gobierno (léase Fiscalía y tribunales) será la de culpar solo a Makled, de quien dirán que, como un superman de los bajos fondos, cometió individualmente los delitos para los cuales, en la práctica, necesitaba un regimiento de peces gordos (¿cómo explicar que el avión de Makled, cargado de cocaína y capturado al aterrizar de emergencia en México, saliese de la rampa 4 de Maiquetía, la misma del avión presidencial?).

El Instituto de Estudios Estratégicos Británico (IISS), contratado oficialmente por el hoy presidente Santos de Colombia cuando era ministro del presidente Uribe, dio a conocer los secretos de las computadoras del narcoguerrillero Reyes, varios de los cuales ya habían sido divulgados por el propio Uribe, por Santos (quien como presidente ahora dice que ya pasó la página) y del embajador colombiano en la OEA. El IISS confirma que el gobierno de Chávez dio apoyo logístico, territorial y financiero a la guerrilla de las FARC. Registra que Chávez recibió ayuda de las FARC antes de 1999 y que, ya presidente, tuvo reuniones con el guerrillero Reyes a través de la mediación de Rodríguez Chacín (de ahí el minuto de silencio por su muerte, cosa nunca hecha con venezolanos ilustres); que las FARC adiestraron en guerra de guerrillas y guerra urbana a los círculos bolivarianos de Freddy Bernal, grupos irregulares del 23 de Enero y del PCV, “con la finalidad de defender el régimen y neutralizar o impedir las movilizaciones de la oposición”. El pacto con las FARC “incluía el asesinato de opositores”. El Nuevo País extrae del IISS que “la matanza de Altamira de diciembre de 2002 fue obra de las FARC” (3 muertos y 20 heridos). Se comprueba que eran ciertas las denuncias hechas en el 2000 por el comandante Urdaneta Hernández al renunciar a la dirección de la Disip a causa de las presiones de Chávez y de Rodríguez Chacín para que aprobase el apoyo logístico y financiero a las FARC, dado posteriormente.

El DRAE define el terrorismo como “dominación por el terror” y “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. ¿Acaso la grave violación de los derechos humanos que produjo la muerte de Franklin Brito no fue terrorismo, o lo que el régimen hace con presos políticos enfermos como Peña Esclusa, los comisarios Forero y Simonovis, a quienes les niega el derecho a la salud y a la libertad? ¿O de la jueza Afiuni hasta que la presión internacional obligó a darle atención médica? Jesús Malaver, de 29 años, estuvo días reclamando el reenganche prometido y nunca cumplido por Pdvsa, y murió el lunes a las puertas de la AN. Los funcionarios se negaron a prestarle auxilio en el momento en que sufría el infarto. ¿Cómo calificar esa muerte, las miles a manos del hampa y hasta el grito confiscador de “¡exprópiese!”, que arruina al país y aterra a miles de venezolanos, a quienes Chávez deja sin trabajo, sin futuro y sin pago de justiprecio alguno?

Por MARTA COLOMINA